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La concentración de capital en frontier labs dificulta la primera ronda a fundadores sin red en Silicon Valley, pero las alternativas se han multiplicado: revenue-based financing con ARR recurrente, venture debt en mejores condiciones tras la caída de SVB, grants públicos como ENISA y CDTI Neotec, y bootstrapping apalancado con IA para reducir el equipo necesario.
La Ley de IA europea iba a entrar en aplicación plena para sistemas de alto riesgo en agosto de 2026. El Digital Omnibus, aprobado por el Parlamento y el Consejo en junio de 2026, retrasa esa fecha 17 meses, hasta diciembre de 2027. Qué obligaciones rigen ya y qué cambia de verdad.
El discurso de la IA soberana europea lleva tres años alimentando titulares, inversiones públicas y acuerdos interestatales. Empezamos a ver qué parte de la promesa tiene sustancia técnica y qué parte sigue siendo narrativa política, con Mistral, Aleph Alpha y la red de supercomputación EuroHPC como ejes.
La obligación del EAA entró en vigor el 28 de junio de 2025. Seis meses después tenemos ya primeros expedientes sancionadores, criterios de enforcement y lecciones operativas para equipos que aún corren detrás del calendario. Lo que sí se audita y lo que todavía no.
Desde el 2 de agosto de 2025 son aplicables las obligaciones de la Ley de IA europea para modelos de propósito general, autoridades nacionales y régimen sancionador. Un repaso a lo que cambia para quienes desplegamos IA en Europa.
Mistral Large 2, lanzado por la startup francesa Mistral AI en julio de 2024, es un modelo de 123.000 millones de parámetros con ventana de contexto de 128k tokens que rivaliza con GPT-4o y Claude 3.5 Sonnet en varios benchmarks. Su residencia de datos en la UE y su precio de 3 EUR por millón de tokens de entrada lo convierten en la alternativa europea más seria frente a los proveedores estadounidenses.
La Directiva NIS2 amplía la ciberseguridad europea de 7 a 18 sectores, exige 10 medidas técnicas mínimas y notificación de incidentes en 24 horas, e impone sanciones de hasta 10 millones de euros o el 2% de la facturación global, con responsabilidad personal para los órganos directivos que incumplan.
